Un periodista de Associated Press, Desmond Butler, ha publicado hace unos días un detallado reporte sobre las actividades del contratista norteamericano Alan Gross en Cuba. Sigo este tema desde hace varios años, y me sorprendió una parte de la información que Butler revelaba en su nota. A saber:

“En su último viaje, [Gross] trajo una “discreta” tarjeta SIM —tarjeta electrónica de identificación de subscriptor— diseñada para evitar que una transmisión por teléfono satelital sea detectada.
El tipo de tarjeta SIM que llevaba Gross no se vende en el mercado y se facilita sólo a gobiernos, según un funcionario de una compañía de telefonía satelital y un ex funcionario de inteligencia estadounidense que ha utilizado ese tipo de chip. Los funcionarios, que hablaron a condición de anonimato debido a la sensibilidad de la información, dijeron que los chips usualmente son suministrados al Departamento de Defensa y a la CIA, pero pueden también ser obtenidos por el Departamento de Estado, que supervisa a USAID.”

Si uno decide creer todo lo que se asegura aquí, puede establecer que el periodista de AP ha ido mucho más allá que el fiscal cubano que juzgó al contratista estadounidense. El gobierno cubano, interesado en vincular a Gross con actividades de espionaje desde el día en que —sin que mediara juicio— Raúl Castro lo declaró “espía” en un discurso público, trata de usar ahora este reporte como soporte propagandístico. Pero la verdad es que la descripción de las actividades de Gross que puede leerse en el acta del juicio posterior no encaja con la imagen del espía o alguien pagado por una agencia de inteligencia.

En la sentencia del caso Gross, que Butler no se toma el trabajo de citar en su reporte, aparecen descritas en detalles las veces que Gross usó el BGAN marca Hughes 9201 en territorio cubano.

Como se ve, no hay mención alguna del SIM ultrasecreto. Así que mi primera impresión al leer el reporte de AP fue que Butler se había “engolosinado” con la primera señal de algo parecido a una historia de espías en exclusiva.

Le escribí a Butler hace unos días para expresarle mis dudas puntuales y preguntarle si tenía información adicional para sostener su argumento. El periodista me respondió amablemente diciéndome que yo estaba equivocado y que, en efecto, él sostenía todo lo publicado en el reporte. Su fuente, en este caso, serían los informes (cinco, de los cuales cuatro escritos por el propio Gross, según Phil Peters) que el contratista envió a DAI y a USAID (al menos eso me dice en su email). Habrían llegado a sus manos a través de un informante anónimo, y según el propio Butler, “son muy específicos sobre el SIM card”.

Fuentes de USAID niegan rotundamente su versión, y al parecer harán público un desmentido en los próximos días. Otros contratistas a los que pregunté sobre el “SIM secreto” me dijeron que nada “del tipo CIA o Departamento de Defensa” podía conseguirse para este tipo de proyectos; a lo sumo, un SIM seguro para los que Inmarsat obliga a firmar un formulario. Y uno de los mayores expertos en tema de seguridad en Internet, a quien consulté sobre el reporte, me escribió el siguiente mensaje que prefiero reproducir en extenso:

Short answer — don’t think the article is correct. There’s a lot of factual errors in the article. Seems the reporter didn’t check with a technical expert on how cell phones work… The way the technology works – what is transmitted to the cell phone network is 2 pieces of information, the SIM card ID # and the ID # of the phone. Even if the sim card were changed in some way, the cell phone # would still be transmitted.
To be able to not be detected — one would need a completely different phone and very different type of SIM CARD. Don’t see how a US AID contractor would be able to get his hands on such a unit. They likely aren’t available in the open market at all.

AP wrote:

“…if they were detected at all. The type of SIM card used by Gross is not available on the open market and is distributed only to governments, according to an official at a satellite telephone company familiar with the technology and a former U.S. intelligence official who has used such a chip.”

It’s likely not just a chip, but also a very different cell phone that uses a military satelite network. A US AID contractor wouldn’t have access to such technology. Let alone, he wouldn’t have the security clearance to use such a device.
Seems too far fetched for me…
US Govt officials usually when they travel use normal phones with normal sim cards (issued in the US). However the phones have special encryption that allows the voice and data to be protected.

(…)

It’s all about the phone and what network it is using. I see it far fetched for Gross to be able to get the security clearance required to get a device able to connect to the separate military/intelligence satellite network.

II
Mis dudas sobre la naturaleza “supersecreta” del SIM que usó Gross se basan también en aquella “lección” del “ciberpolicía” Eduardo Fontes. En el minuto 13:57 de su video este oficial de la Seguridad del Estado asegura:

“Estos equipos BGAN funcionan, llevan dentro una tarjetica igualita que la que tienen los celulares, una tarjetica de ese tipo, pero el servicio por supuesto, el proveedor no está en Cuba (…) Cuba no provee servicio de Inmarsat, hay que hacerlo desde un tercer país.”

Lo que Gross quería montar en Cuba era sencillamente esto. Y el chip que le permiría esto, es el que aparece aquí como “BGAN Private Networking”. Si bien cumple con elementales criterios de seguridad, nada tiene que ver con un SIM supersecreto usado sólo por la CIA, o el Departamento de Defensa, como dice el periodista de AP.

El otro argumento evidente es que si la Seguridad del Estado cubana hubiera incautado ese SIM de uso exclusivo lo hubiera convertido en la primera de las pruebas de cargo contra Gross. No hay una sola mención a él en toda el acta del juicio. Es más, el fiscal prefiere usar como elemento incriminatorio un documento Word que el contratista se bajó de Internet, titulado “Cómo comunicarse con seguridad en ambientes represivos”, atribuyéndole una autoría a todas luces errónea, pues el documento en inglés (puede encontrarse aquí) es anterior a la fecha en cuestión. No se entiende cómo el gobierno cubano puede usar un documento que Gross ni siquiera redactó, y no hacer referencia a una evidencia que hubiera sido bastante más seria.

En medio de todo esto, por supuesto, está la polémica sobre la legitimidad de las actividades de USAID en Cuba, cuyo programa viene siendo atacado una y otra vez, por las mismas personas, desde hace varios años. Los periodistas que quieren revelar información clasificada sobre el tema deberían ser sumamente cuidadosos a la hora de ejercer su derecho a esa “inmoralidad ontológica” que según Janet Malcolm es inseparable de la profesión. Porque esta vez hay un hombre en la cárcel, que ha sido juzgado en un proceso vergonzoso y con las leyes de un régimen que no garantiza las libertades básicas. Poco favor a la verdad le hace una agencia de prensa prestigiosa como Associated Press al difundir información inexacta, usada luego por un sistema de propaganda que trata de vincular a Gross con actividades de espionaje al mismo tiempo que califica de “mercenarios” a los blogueros independientes que usan Internet como un medio de expresión libre.

Con todo respeto, la información de Desmond Butler merecía haber sido verificada y contrastada con más cuidado. Si como asegura el periodista, Gross dispuso de un material exclusivo que sólo usan la CIA o al Departamento de Defensa, hay que dar pruebas concluyentes de ello, y una explicación técnica más convincente que la que aparece en su nota.

La polémica sobre la legitimidad de las actividades de USAID en entornos represivos (como “hecho de elevada peligrosidad social” califica el fiscal las actividades de Gross) tiene que hacerse desde un presupuesto elemental: el acceso libre a la red no es un crimen en ningún país democrático, y que EE UU no tiene por qué acatar la legislación de un régimen como el cubano, que prohibe este derecho y este acceso a sus ciudadanos. La insistencia cubana en identificar la voluntad democratizadora de USAID y el trabajo de varias NGOs con la Agencia Central de Inteligencia esconde a duras penas el razonamiento de un régimen totalitario que no merece ningún respeto.

PD: Fuentes que prefieren permanecer anónimas han confirmado a este blog que la familia de Gross ha demandado a DAI, la agencia que empleó al contratista, así que esta información que ahora sale a la luz pública está inserta en una entramado de intereses más complejo que un simple reporte periodístico.