Finalmente, los escépticos han podido confirmar la justeza de sus apreciaciones sobre la insolubilidad del problema cubano desde las “iniciativas” gubernamentales. El VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, efectuado en el pasado mes de abril, no pasó de ser una formalidad coyuntural destinada a legitimar las decisiones previamente establecidas por la máxima dirección del país y otorgar luz verde al mismo obsoleto sistema generador de la crisis nacional, no obstante el barniz supuestamente reformista con que se pretendía dar algún atractivo lustre al siempre opaco evento.

Tras el VI Congreso quedó demostrado que la improvisación como método propio del sistema ha alcanzado su altura máxima. Un evento en el que no se concretaron pasos, fases, cronogramas ni propuestas específicas, y cuyos “acuerdos” aplican el socorrido lenguaje críptico en el que la ambigüedad continúa siendo el recurso del poder para evitar compromisos y eludir responsabilidades.

En numerosos espacios y foros virtuales de opinión se ha estado debatiendo el problema de la imposibilidad de introducir cambios parciales en medio de una crisis sistémica; una tesis que se está confirmando, por ejemplo, en la aparente contradicción de simultanear la implementación de medidas económicas con el aumento de las acciones represivas contra los sectores no afines al sistema.

Todo el actual proceso “apertura/represión” —en el que es mucho más visible el segundo componente— se basa en el conocimiento que tienen las autoridades sobre un principio elemental: cualquier movimiento dentro de un sistema totalitario, por mínimo que sea, conducirá tarde o temprano a la transformación total de ese sistema. En el caso cubano, después de medio siglo de desgaste ideológico, y de la sostenida “masificación” de los individuos, una autonomía limitada o una apertura de cualquier naturaleza podría propiciar la precipitación de los acontecimientos que darían al traste con el “proyecto de renovación” del régimen y, en consecuencia, con éste. La respuesta más expedita que éste ha encontrado para evitarlo es atenazar toda manifestación de inconformidad o disidencia.

Al margen de las decisiones oficiales, sin embargo, está la asfixiante situación sociopolítica y económica de la Isla. La primera mitad de este año ha visto acentuarse una dicotomía marcadamente insalvable: por un lado, el General Raúl Castro necesita implementar en un plazo relativamente breve sus medidas económicas destinadas a la “actualización del modelo”. Por otra parte, producto de la crisis general del sistema, el equilibrio social se torna cada vez más frágil, lo que atenta tanto contra la consumación eficaz de dicho proceso de reformas, como contra los resultados que el gobierno espera obtener.

He aquí que el General tiene ante sí una misión prácticamente imposible: demostrar la viabilidad del proceso de reformas económicas que tienden a otorgar relativa independencia a grandes sectores de la población —recordar que el propio gobierno aspira a que los despidos que ha planificado propicien el incremento de un sector de protoempresarios que se auto-sustenten y tributen a la economía—, manteniendo a la vez el control social, a fin de conservar todo el poder.

El dilema se mueve en torno a si sería posible al gobierno mantenerse como pastor de un rebaño donde más de un millón de individuos dejarían de ser “masa” dependiente del Estado, y en consecuencia, caldo de cultivo propicio para el nacimiento de ciudadanos como resultado de la aplicación de esas mismas medidas gubernamentales, o si un eventual proceso de reformas estimularía espontáneamente el fortalecimiento de una sociedad civil independiente a partir del surgimiento de grupos con intereses comunes.

Una situación teórica de jaque mate al rey, si se juzga por la posición de las piezas que se pueden observar sobre el tablero.

Esta situación, a su vez, ha llevado a una ralentización de la aplicación de las reformas, demostrando que la reversión del inmovilismo general es mucho más dificultosa y compleja que lo previsto por los ideólogos de la renovación desde sus confortables gabinetes climatizados. Una reciente reunión del Consejo de Ministros, presidida por el General, tuvo entre los puntos de su agenda el análisis en torno a la implementación del trabajo por cuenta propia aplicada hasta el momento, “en el que se demostró la insuficiente preparación inicial en la base”, lo que se entiende como una incapacidad congénita de ciertos dirigentes municipales para crear “las condiciones necesarias para garantizar una adecuada atención a los interesados en esta alternativa de empleo”. Esto, sumado a los males burocráticos habituales (solicitud de documentos no requeridos en la legislación, dilación excesiva de los trámites, etc.), deja sentada a su vez la incapacidad de la máxima dirigencia para hacerse entender por sus subalternos, o —en su defecto— la renuencia de éstos a acatar orientaciones superiores (¿crisis de autoridad?). Media centuria de poder de una cúpula que no supo preparar un relevo adecuado ni siquiera para la salvaguarda de sus propios intereses, pero que pretende ser el frente que protegería los intereses de toda la nación. Nada podría ilustrar mejor las infranqueables fracturas del sistema.

En la propia reunión de ministros se aprobó una propuesta “para extender el cronograma de ejecución del proceso de disponibilidad laboral”; o, prescindiendo de eufemismos, para ralentizar también el programa de despidos, medida que se corresponde con la insuficiente respuesta al trabajo por cuenta propia como alternativa viable al desempleo en las condiciones cubanas. Es decir, aunque no se enuncie de esa manera, la falta de estímulo suficiente por parte de los potenciales interesados en esta “alternativa de empleo” ante las dificultades que imponen las altas tasas de impuestos; la inexistencia de mercados mayoristas para la adquisición de productos, insumos, etc., y los riesgos de invertir los limitados recursos propios en una país donde aproximadamente el 20% de la población laboralmente activa quedará desempleada, entre otros factores que demuestran cómo los problemas de la realidad superan ampliamente el alcance de las propuestas oficiales.

A la vez que el gobierno ha ralentizado la aplicación de las reformas y de los despidos, se ha venido produciendo una evidente radicalización de la disidencia. Se trata de un proceso que está registrando un discreto pero sostenido crecimiento, en el cual podrían estar incidiendo simultáneamente el agotamiento del sistema; la crisis general de valores; la estandarización de la pobreza y de la corrupción a todos los niveles; la pérdida de credibilidad en la “revolución”, el gobierno y las instituciones; la falta de expectativas y un cúmulo innumerable de otros agentes igualmente significativos, incluyendo la propia represión. Paradójicamente, el régimen ha venido sosteniendo a la vez una marcada tendencia a la sistematización del hostigamiento contra los individuos y grupos críticos al sistema, posibilitando así la ampliación del rango de potenciales sectores hostiles al gobierno y, adicionalmente, otorgando visibilidad e importancia a estos.

Usando una lógica suicida, las autoridades intensifican el acoso, la intimidación, la amenaza, las golpizas, los “operativos” y las detenciones breves, con la intención de asfixiar cualquier posible foco de revueltas y desestimular el surgimiento de nuevos espacios alternativos, consiguiendo con ello el efecto contrario: potenciar el protagonismo de los disidentes, despertar la simpatía de la población por los perseguidos —quienes suelen ser, cuando menos, respetados por la valentía que supone enfrentar al poder del régimen—, poner cada vez más al descubierto la naturaleza perversa del sistema, colocar la lupa sobre el creciente activismo opositor y cívico, y ayudar a extender un sentimiento de rebelión latente entre la ciudadanía que busca desesperadamente otras opciones ante el fracaso del experimento comunista.

Del mismo modo se torna sumamente difícil para las autoridades ofrecer un rostro amigable hacia el exterior buscando apoyo en las potencias económicas y en los foros políticos internacionales, mientras establece, como método de control al interior del país, una especie de “terror atenuado”, que es la aplicación selectiva de la represión sobre individuos y grupos aislados para mantener un clima de pánico mudo sobre el resto de la población.

En la actualidad cubana se está haciendo evidente que, si bien en el plano económico el gobierno lleva la dirección, imponiendo el ritmo y profundidad de las reformas en base al monopolio del Estado en esta esfera; en el aspecto social los grupos cívicos alternativos o independientes están marcando pautas de presión que las autoridades no pueden seguir ignorando indefinidamente. Un síntoma inequívoco de avance en este sentido es que varios grupos de los sectores críticos ya han superado la etapa inicial de catarsis y están asumiendo posiciones francamente responsables en el proceso de ciudadanización de la masa esclava.

La ofensiva social está a favor de sectores que tienen nuevas propuestas, ideas verdaderamente renovadoras y un discurso más bien conciliador e inclusivo. De alguna manera ha comenzado a producirse el resquebrajamiento del inmovilismo social antes que el fin del inmovilismo económico, probablemente debido a que, mientras la economía sigue sujeta al centro del poder, los nichos cívicos, como fenómenos sociales, poseen una independencia relativa respecto de aquel. Eventualmente, esto tiende a propiciar gradualmente un espíritu general de cambios más radical y definitorio, más profundo y abarcador que las reformas raulistas.

Entre los principales reclamos de los sectores alternativos están la apertura de debates públicos, la libertad de prensa, la libre circulación de ideas y opiniones, el derecho de asociación y el acceso a la información y a las comunicaciones; exigencias que se corresponden con la época y el momento que está viviendo el mundo y cuya negación ya no se puede enmascarar tras consignas de barricada y enemigos de ocasión.

De manera incipiente, pero visible, se ha comenzado a tejer un entramado —todavía frágil, aunque tenaz— a partir del encuentro de voluntades disímiles que se están uniendo por un espíritu de civilidad compartida. Es demasiado pronto para augurios triunfalistas: más de una vez en Cuba han fracasado fraguas más elevadas. Pero esta es quizás la última chispa de esperanza, apenas un tronco flotante en el océano del naufragio nacional. Más de un siglo de experimentos revolucionarios no dejan margen a las dudas. Revolución no, evolución. No nos queda de otra.

Miriam Celaya
La Habana

Foto: Javier Galeano/AP.

*Este artículo está incluido en el número más reciente de la revista independiente Voces, que se presenta hoy en La Habana.