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Centralización y cleptocracia

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    Editor Jefe
  • May 05, 201119:26h
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NIck Miroff en Global Post: Cuba: catching cleptocrats

PD: Traducción al español de Rolando Cartaya:

Cuba: Capturando a los cleptócratas

Por Nick Miroff, Global Post, 5 de mayo de 2011

Tan pronto el gobierno relaja sus controles, los directores de empresas vuelven a alterar los libros.
“Centralización” se ha convertido últimamente en una mala palabra en el vocabulario cubano, luego que el gobernante Raúl Castro la culpó de ser el origen de la enervante burocracia y el estancamiento económico de la isla.

Como parte de su esfuerzo por introducir reformas económicas, Castro quiere conceder más independencia a las empresas estatales y los gobiernos locales, liberándolos de la necesidad de obtener el permiso de La Habana para cada mínimo gasto o decisión.

Pero una serie de escándalos de corrupción entre los dirigentes cubanos en los últimos meses constituye un recordatorio de por qué la economía estatal de la isla se volvió tan centralizada. Tan pronto el gobierno relaja sus controles, los directores de empresas, que viven nadando en la malversación, tienden a ser aún más avariciosos.

La semana pasada la revista The Economist informó que casi una docena de ejecutivos de la compañía tabacalera cubana Habanos S.A., se encuentran actualmente detenidos por la policía, bajo sospechas de haber aceptado sobornos y comisiones ilegales por millones de dólares en una serie de transacciones de tráfico ilegal de puros cubanos de calidad superior.

Y éste no ha sido el peor de los casos recientes de ejecutivos cubanos adueñándose de la “propiedad social”. El ex director de la aviación civil, Rogelio Acevedo, fue arrestado el año pasado, presuntamente por operar para su beneficio personal un negocio paralelo de flete de aviones de la aerolínea nacional, Cubana de Aviación. También han surgido esta semana nuevas informaciones acerca de dirigentes de la lucrativa industria del níquel que están detenidos y enfrentan acusaciones de corrupción.

La ola de detenciones no es casual. Castro creó en 2009 la Contraloría General de la República para auditar e investigar a las empresas estatales, y no se sabe cuántos administradores corruptos han sido atrapados desde entonces. El control más estricto es una parte clave de su plan para dar a los ejecutivos cubanos más margen de maniobra administrativa, a fin de que hagan más rentables las empresas del Estado, al tiempo que adiciona nuevas instancias de supervisión.

El mes pasado, en su discurso de apertura en La Habana del Sexto Congreso del Partido Comunista —el primer evento de este tipo en 14 años— Castro describió a los administradores cubanos como gente paralizada por la inercia e incapaz de tomar decisiones por su cuenta.

Lamentó entonces que “la experiencia práctica nos ha enseñado que el exceso de centralización conspira contra el desarrollo de la iniciativa en la sociedad y en toda la cadena productiva, donde los cuadros se acostumbraron a que todo se decidiera “arriba”, y en consecuencia, dejaban de sentirse responsabilizados con los resultados de la organización que dirigían”.

Sin embargo, no es difícil imaginar las tentaciones que enfrentan los capitanes de la industria socialista en Cuba. Mientras trabajan largas jornadas por un salario ínfimo, se espera que defiendan los ideales de sacrificio y austeridad personal, mientras que sus estilos de vida y sus relaciones de negocios les obligan a cenar y beber con sus fabulosamente ricos interlocutores capitalistas.

Muchos deben manejar en su gestión decenas de millones de dólares del gobierno, a pesar de devengar mensualidades que —al menos oficialmente— equivalen a poco más que el salario medio cubano de 20 dólares al mes.

El ascenso y caída del prominente ejecutivo Pedro Álvarez ha sido un ejemplo de ello, y uno de los más embarazosos para el gobierno cubano. Como director durante largo tiempo de la empresa estatal de importación de alimentos, Alimport, Alvarez negoció en el extranjero compras de alimentos por valor de miles de millones de dólares, la mayor parte con los Estados Unidos, en virtud de una exención especial al embargo.

Para los agricultores y ejecutivos agrícolas estadounidenses que negocian con la isla, Alvarez era la cara visible del gobierno castrista. En 2008, gestionó una adquisición récord de productos alimenticios norteamericanos valorada en 711 millones de dólares.

Sólo que ahora Álvarez reside al parecer en Tampa, después de huir de Cuba en diciembre en medio de rumores de que había amasado una bonita fortuna personal derivada de sus tratos comerciales. Según informaciones de la prensa de Miami, Álvarez abandonó furtivamente la isla por el aeropuerto de La Habana, vestido de mujer.

Históricamente, el gobierno cubano ha promovido a oficiales de las Fuerzas Armadas y el MININT a cargos dirigentes de las empresas estatales, en parte, para desalentar la corrupción. Pero ellos tampoco han sido inmunes a las tentaciones del comercio de alto volumen.

Acevedo, el funcionario de la aviación caído en desgracia, era un general del ejército que luchó en la guerrilla de quien luego fuera el máximo cancerbero de la rectitud en los centros de trabajo cubanos: Ernesto “Ché” Guevara. Y el más notorio caso de corrupción en Cuba tuvo lugar en 1989, con el dramático proceso contra el laureado general Arnaldo Ochoa, quien fuera declarado culpable de traición y enviado ante el pelotón de fusilamiento por su papel en una componenda de tráfico de drogas.

En comparación con otros países de la región, Cuba tiende a clasificarse en un nivel relativamente bajo por sus índices de corrupción; entre 178 países evaluados el año pasado por Transparencia Internacional, ocupó el peldaño 69. Entre las naciones latinoamericanas, sólo Chile, Uruguay y Costa Rica quedaron mejor clasificadas.

Sin embargo, recibir sobornos y “comisiones” es una práctica habitual entre los ejecutivos cubanos encargados de realizar millonarias compras en el exterior, a nombre del gobierno de la isla. Luego esconden el dinero en cuentas bancarias foráneas o con sus familiares en el extranjero.

La Contraloría lleva actualmente a cabo una auditoría a 750 empresas estatales, para lo cual ha encomendado a 3.000 inspectores hurgar en “todos los sectores, todas las organizaciones y todos los territorios” y evaluar “la disciplina, la legalidad y el control económico”, según anunció el mes pasado en la televisión estatal la Contralora General de la República, Gladys Bejerano.

En las próximas semanas, más cabezas de ejecutivos cubanos podrían rodar.

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