El sábado 20 de marzo 2010 el alcalde de Santiago de Compostela José Sánchez Bugallo acudió a una reunión con la Asociación de Vecinos del barrio de Casas Novas. Alguno de estos vecinos le propusieron al alcalde que visitase al huelguista de hambre, al músico negro cubano Javier Fernández Castillo que, el 21 de marzo 2004, lleva 24 días de huelga de hambre en Casas Novas, al lado del Consulado cubano de Compostela (situado en Nº 19 de la calle Costa de Santa Isabel, en el barrio de Casas Novas y enfrente a la residencia del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijoo) para condenar la muerte-liquidación del preso político cubano Orlando Zapata, en solidaridad con su madre Reina Luisa Zapata.
El alcalde Bugallo habló con el cubano (que lleva mas de 10 años residiendo en Galicia, está casado con una compostelana, tiene una hija de cuatro años y está a punto de tener otra) para pedirle que abandonase su huelga de hambre. Éste le dijo que lo haría si él y otras autoridades (presidente de la Xunta, parlamento gallego, ayuntamiento de Santiago de Compostela hermanado con Santiago de Cuba, etc.) mediaban ante el Consulado y la Embajada de ese país para conseguir la justa, necesaria y urgente liberación de 26 presos políticos cubanos, como pide también el huelguista Guillermo Fariñas (de origen gallego) y por el que han mediado el presidente del gobierno español y su ministro de Exteriores, Rodríguez Zapatero y Moratinos Cuyaubé.
Ante esta petición del cubano Javier Fernández y que es, también, la petición del cubano que lo acompaña en su lucha pacífica Alex Sancesario Rios que, lleva 24 días a la intemperie, frente al frío, la lluvia y las tormentas (el tiempo de estos 24 días ha sido muy malo en Casas Novas) junto a Javier para tratar de conseguir la libertad de los presos políticos cubanos, el alcalde Bugallo no dijo nada.
La Plataforma GalaicoCubana “Orlando Zapata” y su portavoz Miguel Cancio, profesor de sociología de la Universidad de Santiago de Compostela, me han hecho llegar esta información pidiendo a las autoridades compostelanas que apuesten claramente por la defensa firme de la solidaridad, de los derechos humanos (como señalan el Estatuto de autonomía de Galicia, la Constitución española, la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea y la Declaración Universal de los Derechos Humanos a la que se refiere la constitución española y a otros tratados y acuerdos internacionales sobre los derechos humanos.