En la entrada del Departamento de Medicina Legal de la ciudad de La Habana, donde yacía el cuerpo ya sin vida del preso político Orlando Zapata Tamayo, Reina me dijo que su hijo había sido víctima de un asesinato premeditado.
Los hechos que condujeron a la muerte de ese cubano de 42 años carecen hasta hoy de una versión oficial. Sabemos por boca de sus familiares que Orlando se había declarado en huelga de hambre en protesta por las condiciones carcelarias que sufría desde que fue privado de libertad, en la primavera del 2003. Ninguna autoridad ha confirmado o desmentido que el preso pasara casi un mes en un calabozo tapiado, o que estuviera 18 días sin que se le permitiera beber agua hasta que los comandantes de la prisión Kilo 8, en la provincia de Camagüey, determinaron enviarlo a un hospital para que no se les muriera bajo su jurisdicción.
A Orlando Zapata lo mataron múltiples manos. Primero, la del sombrío oficial que pasó el cerrojo a la celda de castigo. (No conozco su nombre ni sé si lo sancionarán por su indolencia o lo condecorarán por la proeza). Fue también víctima de un negligente tratamiento hospitalario porque a la sala del hospital Hermanos Ameijeiras lo que llegó no fue un paciente deshidratado, sino el cuerpo maltratado hasta el extremo de una persona que había sufrido más allá de los límites aceptados por la medicina. Lo dejó apagarse el gobierno de un país donde mostrar un criterio diferente puede conducir a un hombre tras las rejas.
Al filo del mediodía de este miércoles 24 de febrero, el día que celebraba su segundo año como presidente, el general Raúl Castro hizo saber a la prensa que lamentaba los hechos. Probablemente, nadie será condenado en un tribunal, nadie será siquiera destituido o criticado públicamente. Pero si eso ocurriera, o si se traspasara la sutil frontera que hay entre lamentar el deceso y pedir disculpas, su muerte cobraría entonces un nuevo sentido.

Yoani Sánchez
La Habana