29 de junio de 2009

A los órganos e instituciones del Estado Cubano:

Me llamo Yunia Palacio Sánchez. Resido en la calle Amargura número 18 A, entre Ocho Vías y Primera, Reparto Maria Antonia, Calvario, municipio Arroyo Naranjo, Ciudad de La Habana. Sin embargo, esa no es la dirección que consta en mi carne de identidad. Mi domicilio y lugar de procedencia esta en Santiago de Cuba. No obstante, desde hace 12 años vivo en la capital. El presidente del Comité de Defensa de la Revolución y las diferentes organizaciones de mi localidad, así lo pueden corroborar.

Tengo 29 años de edad y tres hijos, todos frutos de una relación no formalizada. El mayor tiene 7, el del medio 5 y la menor de 3 años de edad, respectivamente. El padre de mis hijos y yo terminamos, aunque continuamos viviendo bajo el mismo techo.

Los problemas conyugales comenzaron hace dos años, después que saliera de la prisión bajo libertad condicional. Está sancionado a 7 años de privación de libertad por un delito de robo con fuerza. Le resta por cumplir un año aproximadamente y es multirreincidente. Desde entonces confronto serios problemas. Maltratos físicos y de palabra, no sólo conmigo, sino también con los niños. Me expulsa constantemente de la casa. Yo no tengo para donde ir. Como no accedo a lo que me pide, me maltrata a mí y también a mis hijos. Recientemente me dio un ultimato hasta el próximo 6 julio, en que el mayor de mis hijos termine las clases, para irme.

Mi caso esta en conocimiento de la trabajadora social, la Federación de mujeres cubanas, organización a la que solicité ayuda por los maltratos físicos y psicológicos que sufro, la Dirección Municipal de la Vivienda, la Comisión Provincial de Prevención y Atención Social de Arroyo Naranjo y el Gobierno de este municipio.

No obstante de no tener reconocido domicilio legal en ciudad de La Habana, recibo la cuota de los productos alimenticios básicos que subvenciona el Estado por mi localidad. Con la Revolución Energética, y por ser un caso social, me dieron equipos electrodomésticos: un refrigerador, la cocina eléctrica, la olla de presión “Reina”, un calentador. Tengo un televisor Caribe que no me han cambiado, porque en una casa no pueden dar dos y el padre de mis hijos cambió uno.

Cuando, el padre de mis hijos fue sancionado me quedé sola. En ese entonces sólo había nacido el mayor de mis niños. La casa era pequeña y humilde, de madera, techo de teja, cayéndose y apuntalada. Para sobrevivir, tuve que vender y trabajar en la calle para poder sostener a mis hijos y las visitas a la prisión. En visitas a pabellón concebimos nuestros otros dos hijos. En medio de esta situación solicité en varias ocasiones, a la Dirección Municipal de la Vivienda, que me resolvieran mi problema de vivienda.

Envié una carta a la FMC, dirigida directamente a Vilma Espín Guillois. Marisol Pérez Reselló, funcionaria de la organización a nivel nacional, contestó mi misiva en agosto del 2003. En esa ocasión trasladaron mis peticiones a la consideración de la Asamblea Provincial del Poder Popular de Ciudad de La Habana, orientándome que esperara respuesta. Gobierno de la provincia decidió darme una chequera de 175 pesos moneda nacional.

En el 2005, después de nacida mi hija más pequeña, con unos cuatro meses de vida adquirió una enfermedad infecciosa y me la ingresaron en terapia intensiva en el hospital infantil Aballí. Después de salir del hospital, encontré que mi casita se me había derrumbado. Salí en busca de ayuda en el Partido municipal y provincial, el Comité Central, el Gobierno municipal, la Dirección Municipal de la Vivienda y nadie le dio solución a mi caso. El único consejo era que retornara a mi lugar de origen. Mientras tanto, dormí en la Terminal de Ómnibus, policlínicos, hasta que decidí instalarme en un refugio militar, en medio del monte, en el Reparto del Calvario. Allí residí por un buen tiempo, aproximadamente un año.

Las instituciones de salud de mi localidad, el consultorio médico y el policlínico, también están al tanto de mi situación. Los responsables de mi área de salud, me informaron que la última prueba citologica que me hice, dio alterada. Presenté descamación del cuello del útero y Prolapso uterino. Tengo prevista una consulta en patología de cuello a la que no he podido asistir debido a la situación que tengo en mi casa y con los niños.

Ya el padre de mis hijos había salido del centro de reclusión bajo libertad condicional. Juntos volvimos a levantar la casita, si así se le puede llamar. Un cuarto de cuatro metros de ancho por cuatro de largo, sin baño, las necesidades sanitarias las hacemos en el monte o en jabitas de nailon y piso de tierra. No tenemos cama, los tres niños y yo, dormimos en dos colchones de cuna, que en las noches pongo en el suelo. Uno de los colchones me lo prestó un vecino. El padre de mis hijos me rompió la camita que tenía para obligarme a abandonar la casa.

En el 2008, la trabajadora social, de apellido Chamizo, que atiende la localidad fue a visitarme. En esa ocasión le expuse mi situación, tal como ahora se la expongo a ustedes. En vez de ayudarme y resolver mi problema, determinó retirarme la chequera, porque convivía con el padre de mis hijos, a pesar de no estar juntos. En este año, cuando fui a renovar la chequera, ya estaba cancelada por gestión de la referida trabajadora social. Me quejé y solicité que me devolviera la pensión, la institución de asistencia social accedió a mi petición entre una cosa y otra estuve dos meses sin el dinero que me ayudaba a sostener a media a mis hijos.

Los problemas con el padre de mis hijos continúan. Se niega a reconocer los dos niños más pequeños. No me deja cocinar, me amenaza con quitarme la electricidad. Me saca los equipos que tengo para afuera, para que me vaya me golpea, incluso me amenazó de muerte con apuñalarme. Yo temo por mi vida y por la de mis hijos. En dos ocasiones he tratado de acudir y pedir auxilio al jefe de sector, por los maltratos físicos y verbales conmigo y delante de los niños, los pobres están traumatizados.

El jefe de sector acudió a mi llamado, acompañado de un auto patrullero, la trabajadora social, y una inspectora de la oficina del registro de direcciones. La solución que encontraron fue imponerme una multa de 200 pesos, en virtud del decreto 217 de “Regulaciones Migratorias Internas para la Ciudad de La Habana”. Dinero que yo no tengo de donde sacar, cuando recibo una pensión de 175 pesos, que no me alcanza ni para alimentar a mis hijos y de la cual me descuentan 60 pesos para el pago del refrigerador que me dieron con la Revolución Energética. Esa es la tercera multa que me ponen en virtud de esta disposición la primera de 200 pesos y la segunda de 100.

Como pueden ver he solicitado ayuda y nadie se ha dignado a resolver mi situación. Nadie se sensibiliza, la respuesta que me dan son invariables “debe retornar con sus tres hijos menores para su origen de residencia, Santiago de Cuba”. Prácticamente no sé leer, mi grado de escolaridad apenas representa un quinto grado. Estudie en una escuela especial para niños con problemas en el aprendizaje.

Pero eso no es un delito ni me hace menos humana, como tampoco es justo ser multada por residir en la capital de mi país cuando la constitución de Cuba reconoce que “El Estado consagra el derecho conquistado por la Revolución de que los ciudadanos, sin distinción de raza, color de la piel, sexo, creencias religiosas, origen nacional y cualquier otra lesiva a la dignidad humana: se domicilian en cualquier sector, zona o barrio de las ciudades y se alojan en cualquier hotel”. Eso me lo dijo la persona que me ayudó a escribir esta carta. Sé que sola por mi capacidad no hubiese podido. Quizás ahora sí logre sensibilizar el corazón de alguien y me ayuden. Simplemente pido que me den un cubículo de albergue, tan siquiera para resolver mí condiciones de vivienda.

Les digo más, no puedo regresar a mi lugar de origen. Vivía con mi abuela, que murió hace un año. A su fallecimiento en la casa quedo uno de mis tío, un enfermo de esquizofrenia paranoide. El gobierno de santiago de Cuba no se hace responsable por mí y por la seguridad de mis hijos si regreso a convivir con un enfermo mental. Esa situación también la sabe la Comisión Provincial de Prevención y Atención Social de Arroyo Naranjo.

Pido también que realicen, a mí y a mis hijos, el cambio de dirección para Ciudad de La Habana, y poderlos inscribir; el del medio pronto empezara en preescolar y la escuela me exige que presente su tarjeta de menor, para esto tengo que viajar a esta provincia y no dispongo de recursos monetarios para ese viaje. Por otro parte todo lo tengo aquí, en mi lugar de procedencia no tengo nada.

Quizás esta misiva sea excesivamente larga, pero en ella expongo mi vida, lo que he sufrido, sufro y estoy por sufrir. Ruego humildemente que me ayuden, a mí y también a mis hijos. Necesitamos donde vivir, necesitamos el cambio de dirección, necesitamos vivir como personas. Si mas se despide atentamente y agradeciendo de antemano la atención prestada

Yunia Palacio Sánchez

[Esta carta me llegó vía la Asociación De Juristas Cubana].