Entre los críticos del nacionalismo cubano se ha consolidado el rechazo a toda idea sobre el “carácter excepcional” de la isla. Es cierto que haber experimentado una historia, cuando menos singular, que siguió un curso diferente al de la mayoría de los países latinoamericanos, muchas veces se convierte en explicación simple de la existencia, desde hace medio siglo, de un orden político no liberal y no democrático en Cuba. Pero si el excepcionalismo cultural o ideológico resulta insostenible, el excepcionalismo histórico es, a veces, inevitable.

Hace 200 años, mientras en los cuatro virreinatos hispanoamericanos los súbditos de Fernando VII se preguntaban quién detentaba la soberanía en ausencia del Rey, en Cuba se afianzaba el poder de España y se consolidaba la economía esclavista de plantación azucarera. También en La Habana hubo criollos, como Francisco de Arango y Parreño, Nicolás Calvo y José de Ilincheta, que demandaron al Capitán General, Marqués de Someruelos, la constitución de una junta fernandina. Y también allí se produjo una reacción peninsular, encabezada por el general Juan Villavicencio y el brigadier Francisco Montalvo, en contra del menor indicio de autonomía criolla.

Pero en Cuba, a diferencia de Hispanoamérica, el autonomismo de las élites criollas no se radicalizó mayoritariamente bajo la forma de un republicanismo separatista. En la isla no estalló la guerra de independencia, ni los esclavos se sublevaron contra sus amos, como en Haití, que era el mayor temor no sólo de los peninsulares sino de los propios criollos. Los pocos que evolucionaron hacia el separatismo republicano (Félix Varela, José María Heredia, Gaspar Betancourt Cisneros…) acabaron exiliados, tras la represión contra las conspiraciones masónicas de los años veinte y treinta.

Hasta 1868, cuando estalla la primera guerra de independencia, las dos opciones de soberanía con mayor fuerza entre las élites criollas habían sido la anexión a Estados Unidos y la reforma del régimen colonial vigente. Con la Paz del Zanjón, en 1878, el separatismo, hasta entonces bastante ligado al anexionismo, pareció decaer frente al auge de la gran alternativa política de la época de la Restauración: el Gobierno autonómico. Rechazada la autonomía en Madrid, resurge en 1895 el separatismo, esta vez, más desligado de la corriente anexionista, aunque no -ni siquiera en José Martí- confrontado a la hegemonía de Estados Unidos sobre la región.

Que la construcción del Estado nacional en Cuba se haya iniciado casi un siglo después que en Hispanoamérica, tras una intervención norteamericana de cuatro años y con una limitación constitucional de la soberanía como la establecida por la Enmienda Platt, es un dato de la excepción histórica. Como lo es también el hecho de que la libertad de asociación y expresión se haya introducido, parcialmente, en 1878, o que la abolición de la esclavitud se decretara en 1886. Hasta principios del siglo XX, la historia de Cuba parecía correr paralela únicamente a la de Puerto Rico. A partir de 1902, el devenir de la isla abandonó esa conexión y siguió un camino solitario.

En la primera mitad del siglo XX, Cuba vivió fenómenos muy similares a los de cualquier país centroamericano y caribeño: guerras civiles, raciales y regionales, caudillos y caciques, latifundio, dictaduras, democracias breves y frágiles, intervenciones de Estados Unidos… Es por ello que la cultura política que se produce en la isla -revolucionaria, agrarista, nacionalista- es muy parecida a la que predomina en toda la región. Esa semejanza, sin embargo, se manifestó con dos especificidades: la mayoritaria tendencia de las fuerzas políticas hacia el populismo y la intensa conexión económica, cultural y política con Estados Unidos.

A mediados del siglo XX, Cuba no era una “colonia” o una “neocolonia” de Washington, como sostiene la historia oficial habanera, ni un “Estado libre asociado”, como Puerto Rico, pero sí era, como prueba Louis A. Pérez Jr. en On Becoming Cuban (1999), la nación latinoamericana más interrelacionada con Estados Unidos. La política cubana de aquellas décadas, incluida la política de los revolucionarios antibatistianos y la de los comunistas republicanos, se hizo no sólo en La Habana y Santiago de Cuba, sino también en Washington, Nueva York y Miami. Lo mismo para Grau que para Prío, para Batista que para Castro, contar con el respaldo o la desaprobación de Estados Unidos era decisivo.

La otra especificidad histórica de Cuba, a mediados del siglo XX, es la homogeneidad ideológica del campo político. A diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, se hace difícil encontrar allí una clara polarización entre derecha e izquierda. Casi todas las corrientes políticas (auténticos y ortodoxos, 26 de Julio y Directorio, batistianos y antibatistianos) gravitaban hacia esa amalgama de socialdemocracia y populismo que postulaba la Constitución de 1940. Entre 1957 y 1959, la Revolución acentuó las diferencias políticas entre aquellos grupos, pero ideológicamente los unió aún más. Unos y otros convergían en el deseo de reemplazar a Batista con un gobierno que restableciera el orden constitucional, convocara a elecciones, aplicara una reforma agraria y gastara más en educación y salud. Sobre esa homogeneidad Fidel Castro edificó su inmenso poder.

Pero lo que en la historia republicana de la isla (1952-1959) se presenta como especificidad, en la historia revolucionaria (1959-2008) aparecerá como catarsis del excepcionalismo. La alianza del Gobierno cubano con la Unión Soviética agudizó la Guerra Fría en América Latina de un modo imprevisto por Washington y las élites de la región. El anticomunismo de los años cincuenta quedaría como un juego de niños ante la avalancha de guerrillas y dictaduras que generó el experimento cubano por acción o reacción. El socialismo insular se planteó como “excepción” y, a la vez, como “vanguardia” de la izquierda latinoamericana. El Che Guevara trató, infructuosamente, de resolver esa paradoja que, como ha visto Robert Service, es muy parecida al dilema estalinista del “socialismo en un solo país”.

Desde entonces, y, sobre todo, tras la desaparición de la URSS, la existencia de un régimen de partido único, economía de Estado e ideología “marxista-leninista” en el Caribe ha sido defendida con el discurso de la excepción. El “derecho a la diferencia”, anulado para la oposición democrática de la isla y el exilio, es demandado por La Habana para justificar la persistencia de una anomalía política. En este sentido, el concepto de excepción podría ser aplicado al socialismo cubano, a partir de las tesis de Carl Schmitt y Giorgio Agamben, como una normalización jurídica del estado de emergencia. Cuba, de acuerdo con esta idea, sería un país sin democracia y sin mercado porque su legalidad es excepcional o está condicionada por la coyuntura del diferendo con Estados Unidos.

La idea, no carente de sentido, contiene dos equívocos. El primero es que el socialismo cubano no es una mera reacción al conflicto con Washington, sino una elección ideológica de las élites insulares. El segundo es que el discurso de la excepción provoca demandas de normalidad, lo mismo desde la perspectiva del régimen que desde el amplio espectro opositor. El Gobierno cubano pide al mundo que lo acepte como es, como algo normal, mientras que la oposición y el exilio suponen que una transición a la democracia y al mercado reintegrará a Cuba en la comunidad internacional y hará de la isla un país más parecido a sus vecinos. Esta idea, curiosamente, la de volver a ser un país latinoamericano y caribeño -algo que ya es constatable en la sociedad insular-, espanta a unos y a otros.

Los gobernantes cubanos prefieren que Cuba siga siendo lo que es -una dictadura pobre de América Latina- antes de que se convierta en otra democracia pobre del Caribe. Los líderes de la oposición y el exilio, mayoritariamente, están convencidos de que una transición a la democracia y al mercado sacará a Cuba de la pobreza -lo que para algunos significa también sacarla de América Latina y el Caribe-. ¿Qué desea la mayoría de los cubanos en la isla y en la diáspora? ¿Cualquier cosa antes que el actual estado de excepción? No lo creo. La ciudadanía de la isla, a pesar de la falta de libertades, también calcula costos y beneficios y elige racionalmente entre diversos futuros. Sólo que todavía no se decide. Cuando lo haga, sabremos.

Rafael Rojas
México DF