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El autoritarismo subalterno

  • Sep 26, 200620:15h
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En sendos libritos, Terror and Liberalism (2003) y Democracy and Populism (2005), Paul Berman y John Lukacs captaron la paradoja fundamental de nuestra época: mientras la filosofía de los derechos humanos se vuelve cada vez más universal, los mecanismos internacionales de promoción y defensa de la democracia se hacen cada vez más limitados. Hoy por hoy, cuando el valor de la libertad es apreciado como nunca en la historia y casi todos los países del mundo cuentan con instituciones que aseguran su respeto, los dos principales desafíos contemporáneos al orden liberal, el fundamentalismo y el populismo, resultan más difíciles de combatir que regímenes antidemocráticos del pasado, como el comunismo o el fascismo. Los nuevos gobiernos antiliberales saben aprovechar a su favor la actual polarización internacional entre el unilateralismo de la guerra preventiva y el relativismo de la corrección política global, que justifica cualquier dictadura en nombre de la “identidad” o la “soberanía”.

Regímenes autoritarios, como los que conforman el fundamentalismo iraní y el populismo chavista, no se relacionan con la democracia y el mercado desde la absoluta negación, como los viejos totalitarismos, sino que los instrumentan para consolidarse en el poder. Chávez y, en menor medida, Morales, fundamentan su legitimidad en las libertades públicas, las oposiciones legales y la competencia electoral que aún se preservan en Venezuela y Bolivia. Los pocos regímenes comunistas que quedan en el mundo, China, Vietnam, Corea del Norte, se han abierto cautelosamente a la economía de mercado. Cuba, en cambio, es el único país del planeta que no avanza, ni siquiera un paso, hacia el mercado o la democracia. Sus líderes se colocan en el punto más distante del orden liberal, republicano y democrático porque piensan, honestamente o no, que han producido un sistema social distinto y superior.

Todos esos regímenes, como pudo verse en la pasada cumbre del Movimiento de los No Alineados en La Habana, comparten una agenda de oposición a la hegemonía mundial de Estados Unidos. De ahí que en sus políticas exteriores, La Habana, Caracas, Teherán y Pyongyang hablen de “acatamiento de las normas internacionales”, “respeto a la diversidad”, “multilateralismo”, “diálogo”, “pluralismo” y “solución negociada de los conflictos”. Todos, principios muy defendibles, propios de un Estado de derecho a nivel mundial, que apenas se está construyendo, pero que esos regímenes desconocen soberanamente en el trazado de sus políticas domésticas. En los discursos de inauguración y clausura de la cumbre, Raúl Castro, el canciller Pérez Roque y el vicepresidente Lage Dávila utilizaron todas esas palabras. De manera que Cuba, donde sólo existe un partido, la oposición carece de derechos y la economía está en manos del Estado, es una dictadura nacional, partidaria de un orden democrático mundial.

El vicepresidente Lage llegó a hablar de la imposibilidad de una democracia bajo la “dictadura mundial” de Estados Unidos. Pocas veces se ha formulado de manera tan nítida la doctrina del autoritarismo subalterno, como necesidad histórica en un mundo unipolar: “la democracia y los derechos humanos, convertidos más en pretextos que en objetivos, no pueden existir en un mundo cada vez más desigual, donde esas palabras no alcanzan siquiera a ser leídas ni comprendidas por miles de millones de personas”, dijo Lage. Lo que implicaría que hasta que no se haya conseguido la alfabetización de toda la población mundial, es preferible que las cada vez más heterogéneas y plurales sociedades contemporáneas sean regidas por un solo partido y un mismo líder durante medio siglo.

Desde la doctrina del autoritarismo subalterno, resulta comprensible que Fidel, Raúl y Chávez se refieran siempre a una próxima invasión militar de Estados Unidos contra Cuba. En la retórica de estos líderes, tales escenarios son prefigurados como fantasías numantinas, que les permitirían recobrar, al grito de “patria o muerte”, el orgullo revolucionario perdido. Pero he aquí que en La Habana, a 90 millas del “imperio”, se han reunido 57 jefes de Estado del Tercer Mundo, se han pronunciado decenas de discursos contra Estados Unidos y se ha defendido la soberanía como valor supremo de la política moderna y, en vez de un desembarco de marines, lo que se produjo fue una cobertura mediática extraordinaria, en la que CNN, The New York Times, Le Monde, El País y otros órganos de esa prensa, que la extrema izquierda llama “globalizada” y “cómplice del genocidio”, reprodujeron las consignas de sus caudillos altermundistas.

Si alguien desea convencerse de que Cuba es una dictadura nacional, normalizada por la democracia global, no tiene más que observar lo que ha sucedido en la isla en los dos últimos meses. Tras el anuncio de la “delegación provisional de funciones”, el Ejército y la policía desplegaron operativos de seguridad y defensa, la Iglesia rezó por la salud de Fidel, la oposición pidió preservar la paz social, la ciudadanía se mantuvo expectante y los cinco políticos en quienes Castro delegó poderes —Raúl, Lage, Lazo, Machado Ventura y Balaguer— asumieron discretamente sus funciones. Lejos de la alarma desatada en torno a un “capítulo secreto” del Plan Bush, que contemplaría la invasión de la isla para acelerar la transición, Washington prefirió enviar mensajes alentadores a las élites reformistas.

Luego de la comprensible euforia de Miami, Estados Unidos reaccionó con serenidad y cordura: el Departamento de Estado insistió en que no deseaba episodios de violencia, crisis migratorias y, mucho menos, una intervención militar, a la que la secretaria Rice llamó “idea rocambolesca”. El lunes 7 de agosto, George W. Bush declaró que es el pueblo de la isla “quien debe decidir su futuro y formar gobierno” e instó a la comunidad cubanoamericana a respetar ese proceso y postergar para el momento de la transición temas polarizantes como el de las propiedades confiscadas. Para completar este cuadro promisorio, por aquellos días trascendió que varios legisladores estudiaban impulsar un par de leyes que flexibilizarían las sanciones migratorias impuestas por la presente administración y el subsecretario para el Hemisferio Occidental, Thomas Shannon, declaró que el embargo podría derogarse en caso de apertura.

Horas después de que el presidente Bush hiciera aquellas declaraciones del 7 de agosto, el Gobierno cubano dio a conocer una carta titulada La soberanía de Cuba debe ser respetada y firmada hasta hoy por más de 27 000 personalidades del mundo, entre ellas, algunos intelectuales, como Noam Chomsky, José Saramago y Eduardo Galeano, que en los últimos años han criticado tímidamente la falta de libertades públicas en la isla. Como tantas veces en el pasado reciente —recuérdese, tan sólo, la primavera de 2003— el régimen cubano intentó crear un estado de vértigo internacional, muy creíble para sus tantos simpatizantes acríticos en el planeta, con el perpetuo subterfugio de la “solidaridad con Cuba” frente a la “agresión del imperio”. Pero he aquí que, esta vez, el “imperio” no deseaba “agredir” sino evitar un éxodo masivo y sondear la posibilidad de una sucesión reformista.

Naturalmente, ninguna de las señales de distensión y cordura que envían Washington, la oposición y el exilio -las declaraciones de Bush, por supuesto, no fueron informadas en Granma– cuenta para un Gobierno que asume las palabras transición y democracia como ofensas e identifica cualquier deseo de las mismas con una renuncia a la soberanía de la isla y una inverosímil anexión de Cuba a Estados Unidos. No hay un sólo político de la oposición, el exilio o Washington que niegue que la independencia nacional es condición del tránsito democrático. La idea de que la preservación de la soberanía nacional es indispensable para crear un clima propicio al tránsito democrático está, de hecho, más arraigada en la oposición que en las élites del poder, ya que éstas incentivan sin escrúpulos el intervencionismo económico y político de Hugo Chávez.

La convalecencia de Castro, con todo su derroche de hermetismo y afectividad, se ha convertido en un episodio más de la obsesiva manipulación de símbolos que caracteriza al régimen de la isla. Esas élites del poder, en vez de ofrecer a la ciudadanía y al mundo una idea de cómo piensan gobernar en ausencia del líder, se han concentrado en capitalizar simbólicamente el fenómeno, haciendo alardes de cohesión interna, recabando afectos funerarios y asumiendo que ya la sucesión se produjo, en vida de Fidel y de manera pacífica. Nada más mañoso, pero supongamos, por un momento, que es cierto, que el régimen cubano puede funcionar perfectamente, sin cambio alguno, en ausencia de Castro. Entonces, ¿por qué el tema central de la vida política habanera en los dos últimos meses ha sido la recuperación de Fidel y no el trabajo del equipo sucesor?

Cuando la verdadera sucesión comience habrá que ver si los sucesores se comportan como tímidos reformistas, como herederos institucionales o como huérfanos mesiánicos. Entre los políticos mencionados por Castro en su Proclama del 31 de julio los hay de cada tipo: unos piensan que para permanecer deben cambiar, otros que para suplir la ausencia del caudillo basta con las instituciones actuales y otros más creen que es preciso generar nuevos liderazgos carismáticos que movilicen a la población. Las tres alternativas poseen referentes históricos tangibles: la sucesión autoritaria podría producir una Cuba china, una Cuba soviética o una Cuba chavista. La oposición, el exilio y aquella parte de la comunidad internacional, comprometida con la democratización de la isla, deberán prepararse para enfrentar cualquiera de esos escenarios.

Rafael Rojas
México DF

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